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En el marco del proyecto se impulsa el desarrollo de diversos instrumentos técnicos y metodológicos con el objetivo de orientar la toma de decisiones, mejorar la coherencia de las intervenciones y asegurar la implementación efectiva de la restauración a escala de paisajes, con criterios técnicos comunes y comparables a nivel nacional.

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Guía para la Planificación Ecológica Terrestre.
Diagnóstico y evaluación de efectos ambientales causados por incendios forestales en la comuna de florida – Informe final. Eduardo Peña F., Rolando Rodríguez L., Eduardo Acuña C., Elisabeth Lictevou. UDEC, SEREMI MMA. Noviembre 2017.
Informe sistematización Jornada Nacional Estratégica Proyecto GEF Restauración de Paisajes. Violeta Pérez. Junio 2025.

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Plan Nacional de Restauración de Paisajes 2021-2030 (PNRP) Orientado a recuperar la biodiversidad, la funcionalidad de los ecosistemas y la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, aumentando la resiliencia de los territorios y las comunidades frente al cambio climático y otros factores de degradación. Se estructura en cinco componentes: Acción en Restauración del Paisaje; Gobernanza para la Restauración del Paisaje; Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades; Financiamiento; y Prevención, Mitigación y Reducción de los Factores de Degradación. Incorpora además directrices para el seguimiento, el monitoreo de los procesos de restauración y la gestión adaptativa, constituyendo el marco de planificación de largo plazo bajo el cual se articulan las acciones sectoriales de restauración a escala de paisaje en el país.
Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030 Aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, constituye el instrumento de planificación que orienta la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en Chile, en alineación con las Metas Aichi del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Reconoce a la restauración ecológica como uno de sus objetivos centrales y como lineamiento transversal en los distintos ámbitos de su Plan de Acción, que define actividades y metas específicas asociadas a la restauración de ecosistemas. Su implementación se articula con otras políticas complementarias, como la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de CONAF y los instrumentos con incidencia en el ámbito costero-marino y en los ecosistemas acuático-continentales, favoreciendo una acción coordinada del Estado.
Política Forestal 2015-2035 Diseñada por el Consejo de Política Forestal creado mediante el Decreto N° 08 de 2015 del Ministerio de Agricultura, constituye la ruta común de largo plazo para el desarrollo del sector forestal del país, orientando la acción de los actores públicos y privados durante las próximas décadas. Su eje estratégico N° 4, Protección y Restauración del Patrimonio Forestal, se relaciona directamente con la restauración de paisajes, al buscar conservar e incrementar el patrimonio forestal del Estado, desarrollar los bienes y servicios ambientales asociados, y restaurar y proteger la biodiversidad que sustentan los recursos y ecosistemas forestales del país.
Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCVR) Liderada por el Ministerio de Agricultura y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 2017-2025 (ENCCRV) fue elaborada mediante un amplio proceso participativo que convocó a más de 3.000 actores nacionales e internacionales. Implementada en el marco del Proyecto de Pagos Basados en Resultados REDD+, conocido como +Bosques, financiado por el Fondo Verde del Clima (GCF) para el período 2014-2016. La Estrategia se desarrolló en distintas fases de pago basado en resultados, siendo su acción más relevante el establecimiento de esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), orientados a la reducción de emisiones y al aumento del secuestro de gases de efecto invernadero (GEI) en los recursos vegetacionales del país. La ENCCRV constituye un antecedente y marco de referencia técnico para la articulación del Plan Nacional de Restauración de Paisajes (PNRP) con las políticas de cambio climático, al establecer mecanismos de financiamiento e incentivos aplicables a la restauración de ecosistemas forestales y vegetacionales, y sentar precedentes metodológicos en materia de monitoreo y reporte de resultados vinculados a la reducción de la degradación de tierras.
Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación, la Degradación de Tierras y la Sequía (PANCD-Chile) 2016-2030 Enmarcado en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, está alineado con la Estrategia Decenal de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, la Iniciativa de Degradación Neutral de la Tierra y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su objetivo es identificar, prevenir y controlar las causas de la desertificación, la degradación de tierras y la sequía, especialmente en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, fomentando el manejo sustentable de tierras mediante la coordinación de acciones, programas y recursos de los organismos vinculados a la gestión de los recursos naturales, en sinergia con las políticas de cambio climático y biodiversidad.
Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) Tiene por objetivo mejorar la calidad de vida y ampliar las oportunidades de la población que habita en territorios rurales, generando condiciones para su desarrollo integral mediante un enfoque territorial e integrado a distintos niveles de gestión. Propicia sinergias entre iniciativas públicas, privadas y de la sociedad civil, contribuyendo a un mayor equilibrio territorial del país y potenciando el desarrollo sostenible de los asentamientos poblados de menor tamaño.
Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2019-2030 Junto a su Plan Estratégico Nacional, constituye el marco orientador del país en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, definiendo objetivos, acciones, metas, plazos y actores involucrados para el diseño e implementación de iniciativas de reducción de riesgo en el marco del desarrollo sostenible. Articula a la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) con los ministerios de Agricultura y del Medio Ambiente, con el objetivo de planificar e invertir en la reducción del riesgo asociado a los factores de degradación y de fomentar procesos de recuperación sostenible del territorio.
Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) Define los lineamientos nacionales de largo plazo, con un horizonte de 30 años, para enfrentar los desafíos del cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones hasta alcanzar la neutralidad de gases de efecto invernadero, y reducir la vulnerabilidad del país frente a sus efectos adversos. Establece un presupuesto nacional de emisiones al 2030 y 2050, metas sectoriales de mitigación e indicadores y metas de adaptación, junto con lineamientos de evaluación de riesgos por sector. Entrega el marco para alinear las políticas y metas nacionales y subnacionales, apoyando la planificación sectorial y local, y orientando el cumplimiento de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) del país.
Contribución Nacional Determinada (NDC) Instrumento mediante el cual Chile, en su calidad de Parte del Acuerdo de París, establece los compromisos climáticos que guían su acción para contener el aumento de la temperatura global, aumentar la resiliencia del país y movilizar inversión pública y privada hacia un desarrollo sostenible, equilibrando las dimensiones ambiental, social y económica. Chile ha actualizado su NDC comprometiéndose a mayores reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5°C, consolidando este instrumento como la principal hoja de ruta climática del país.
Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria 2020-2030 Impulsada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), define ejes estratégicos para orientar la sustentabilidad del sector agroalimentario chileno. El eje de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos reconoce a la agricultura como usuaria y proveedora de estos bienes, mientras que el eje de Suelo busca contribuir al desarrollo de los sistemas productivos agroalimentarios mediante el manejo sustentable de los suelos silvoagropecuarios, orientado a mejorar y mantener su capacidad de contribuir a la seguridad alimentaria del país.
Ley 20.412 que establece un Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios. Establece un sistema de incentivos dirigido a todos los suelos degradados que forman parte de los predios agrícolas del país y a los productores que los explotan. Conforme al Decreto Supremo N° 51, se entiende por suelo degradado aquel que presenta un deterioro de sus cualidades físicas, químicas o biológicas que reduce su capacidad actual o potencial para producir sustentablemente bienes y servicios. Su administración corresponde al Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), para la agricultura familiar campesina, y al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), para los propietarios medianos.
Ley N° 20.283 — Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal Tiene por objeto la protección, recuperación y mejoramiento de los bosques nativos del país, asegurando la sustentabilidad forestal en línea con la política ambiental nacional. Su administración corresponde a la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Las bonificaciones que contempla para operaciones silvícolas, madereras o no madereras, requieren aplicarse sobre bosque existente, por lo que no suele orientarse a terrenos actualmente en proceso activo de degradación. Entre las actividades bonificables directamente asociadas a la restauración se encuentran aquellas que favorecen la regeneración, protección o recuperación de formaciones xerofíticas de alto valor ecológico y de bosques nativos de preservación.
Ley 21.600 – Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) La Ley N° 21.600 crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), nuevo organismo público dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, encargado de la conservación de la biodiversidad y la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, tanto públicas como privadas, terrestres y acuáticas. Su creación responde a la necesidad de contar con una institucionalidad especializada y unificada en materia de biodiversidad, integrando funciones que anteriormente se encontraban dispersas entre distintos servicios públicos, entre ellos CONAF y el SAG. Entre sus atribuciones se incluyen la fiscalización, la gestión y planificación de áreas protegidas, y el desarrollo de instrumentos técnicos orientados a la conservación y restauración de ecosistemas. Esta ley constituye un pilar habilitante para la implementación del Plan Nacional de Restauración de Paisajes (PNRP), al fortalecer la institucionalidad ambiental del país y proveer un marco de gobernanza más robusto para la coordinación de acciones de conservación y restauración a nivel nacional, regional y local.
Ley N° 18.378 — Distritos de Conservación de Suelos, Bosques y Agua Vigente desde hace más de 50 años, faculta al Ministerio de Agricultura, mediante los artículos 3 y 5, para crear por decreto distritos de conservación de suelos, bosques y aguas en zonas con predios de aptitud agrícola, forestal o ganadera que presenten suelos erosionados o en riesgo inminente de erosión. Constituye un instrumento con potencial para cumplir un rol territorial de segundo piso, aunque su aplicación plena ha sido un desafío histórico. Por tratarse de una normativa antigua, contempla disposiciones actualmente en desuso, cuya modificación está contemplada en el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en discusión en el Congreso Nacional.
Ley N° 20.930 — Derecho Real de Conservación (DRC) Promueve la participación del sector privado en la conservación del patrimonio ambiental de Chile. Consiste en un acuerdo vinculante entre el propietario de un inmueble y un tercero —una universidad, un centro de investigación, una ONG o un particular— mediante el cual el propietario restringe permanentemente el uso futuro de su predio para garantizar su protección, mientras el tercero se compromete a proteger y conservar sus recursos naturales. El acuerdo debe comprometer al menos una de las siguientes restricciones: prohibición de destinar el predio a fines comerciales o industriales; obligación de mantener y administrar la propiedad; o implementación de un plan de manejo ambiental orientado al uso racional y sostenible de sus recursos naturales.

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Plan Nacional de Restauración de Paisajes 2021-2030 (PNRP)

Orientado a recuperar la biodiversidad, la funcionalidad de los ecosistemas y la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, aumentando la resiliencia de los territorios y las comunidades frente al cambio climático y otros factores de degradación. Se estructura en cinco componentes: Acción en Restauración del Paisaje; Gobernanza para la Restauración del Paisaje; Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades; Financiamiento; y Prevención, Mitigación y Reducción de los Factores de Degradación. Incorpora además directrices para el seguimiento, el monitoreo de los procesos de restauración y la gestión adaptativa, constituyendo el marco de planificación de largo plazo bajo el cual se articulan las acciones sectoriales de restauración a escala de paisaje en el país.

Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030

Aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, constituye el instrumento de planificación que orienta la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en Chile, en alineación con las Metas Aichi del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Reconoce a la restauración ecológica como uno de sus objetivos centrales y como lineamiento transversal en los distintos ámbitos de su Plan de Acción, que define actividades y metas específicas asociadas a la restauración de ecosistemas. Su implementación se articula con otras políticas complementarias, como la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de CONAF y los instrumentos con incidencia en el ámbito costero-marino y en los ecosistemas acuático-continentales, favoreciendo una acción coordinada del Estado.

Política Forestal 2015-2035

Diseñada por el Consejo de Política Forestal creado mediante el Decreto N° 08 de 2015 del Ministerio de Agricultura, constituye la ruta común de largo plazo para el desarrollo del sector forestal del país, orientando la acción de los actores públicos y privados durante las próximas décadas. Su eje estratégico N° 4, Protección y Restauración del Patrimonio Forestal, se relaciona directamente con la restauración de paisajes, al buscar conservar e incrementar el patrimonio forestal del Estado, desarrollar los bienes y servicios ambientales asociados, y restaurar y proteger la biodiversidad que sustentan los recursos y ecosistemas forestales del país.

Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCVR)

Liderada por el Ministerio de Agricultura y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 2017-2025 (ENCCRV) fue elaborada mediante un amplio proceso participativo que convocó a más de 3.000 actores nacionales e internacionales. Implementada en el marco del Proyecto de Pagos Basados en Resultados REDD+, conocido como +Bosques, financiado por el Fondo Verde del Clima (GCF) para el período 2014-2016. La Estrategia se desarrolló en distintas fases de pago basado en resultados, siendo su acción más relevante el establecimiento de esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), orientados a la reducción de emisiones y al aumento del secuestro de gases de efecto invernadero (GEI) en los recursos vegetacionales del país. La ENCCRV constituye un antecedente y marco de referencia técnico para la articulación del Plan Nacional de Restauración de Paisajes (PNRP) con las políticas de cambio climático, al establecer mecanismos de financiamiento e incentivos aplicables a la restauración de ecosistemas forestales y vegetacionales, y sentar precedentes metodológicos en materia de monitoreo y reporte de resultados vinculados a la reducción de la degradación de tierras.

Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación, la Degradación de Tierras y la Sequía (PANCD-Chile) 2016-2030

Enmarcado en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, está alineado con la Estrategia Decenal de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, la Iniciativa de Degradación Neutral de la Tierra y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su objetivo es identificar, prevenir y controlar las causas de la desertificación, la degradación de tierras y la sequía, especialmente en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, fomentando el manejo sustentable de tierras mediante la coordinación de acciones, programas y recursos de los organismos vinculados a la gestión de los recursos naturales, en sinergia con las políticas de cambio climático y biodiversidad.

Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR)

Tiene por objetivo mejorar la calidad de vida y ampliar las oportunidades de la población que habita en territorios rurales, generando condiciones para su desarrollo integral mediante un enfoque territorial e integrado a distintos niveles de gestión. Propicia sinergias entre iniciativas públicas, privadas y de la sociedad civil, contribuyendo a un mayor equilibrio territorial del país y potenciando el desarrollo sostenible de los asentamientos poblados de menor tamaño.

Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2019-2030

Junto a su Plan Estratégico Nacional, constituye el marco orientador del país en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, definiendo objetivos, acciones, metas, plazos y actores involucrados para el diseño e implementación de iniciativas de reducción de riesgo en el marco del desarrollo sostenible. Articula a la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) con los ministerios de Agricultura y del Medio Ambiente, con el objetivo de planificar e invertir en la reducción del riesgo asociado a los factores de degradación y de fomentar procesos de recuperación sostenible del territorio.

Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP)

Define los lineamientos nacionales de largo plazo, con un horizonte de 30 años, para enfrentar los desafíos del cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones hasta alcanzar la neutralidad de gases de efecto invernadero, y reducir la vulnerabilidad del país frente a sus efectos adversos. Establece un presupuesto nacional de emisiones al 2030 y 2050, metas sectoriales de mitigación e indicadores y metas de adaptación, junto con lineamientos de evaluación de riesgos por sector. Entrega el marco para alinear las políticas y metas nacionales y subnacionales, apoyando la planificación sectorial y local, y orientando el cumplimiento de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) del país.

Contribución Nacional Determinada (NDC)

Instrumento mediante el cual Chile, en su calidad de Parte del Acuerdo de París, establece los compromisos climáticos que guían su acción para contener el aumento de la temperatura global, aumentar la resiliencia del país y movilizar inversión pública y privada hacia un desarrollo sostenible, equilibrando las dimensiones ambiental, social y económica. Chile ha actualizado su NDC comprometiéndose a mayores reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5°C, consolidando este instrumento como la principal hoja de ruta climática del país.

Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria 2020-2030

Impulsada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), define ejes estratégicos para orientar la sustentabilidad del sector agroalimentario chileno. El eje de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos reconoce a la agricultura como usuaria y proveedora de estos bienes, mientras que el eje de Suelo busca contribuir al desarrollo de los sistemas productivos agroalimentarios mediante el manejo sustentable de los suelos silvoagropecuarios, orientado a mejorar y mantener su capacidad de contribuir a la seguridad alimentaria del país.

Ley 20.412 que establece un Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios.

Establece un sistema de incentivos dirigido a todos los suelos degradados que forman parte de los predios agrícolas del país y a los productores que los explotan. Conforme al Decreto Supremo N° 51, se entiende por suelo degradado aquel que presenta un deterioro de sus cualidades físicas, químicas o biológicas que reduce su capacidad actual o potencial para producir sustentablemente bienes y servicios. Su administración corresponde al Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), para la agricultura familiar campesina, y al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), para los propietarios medianos.

Ley N° 20.283 — Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Tiene por objeto la protección, recuperación y mejoramiento de los bosques nativos del país, asegurando la sustentabilidad forestal en línea con la política ambiental nacional. Su administración corresponde a la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Las bonificaciones que contempla para operaciones silvícolas, madereras o no madereras, requieren aplicarse sobre bosque existente, por lo que no suele orientarse a terrenos actualmente en proceso activo de degradación. Entre las actividades bonificables directamente asociadas a la restauración se encuentran aquellas que favorecen la regeneración, protección o recuperación de formaciones xerofíticas de alto valor ecológico y de bosques nativos de preservación.

Ley 21.600 – Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)

La Ley N° 21.600 crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), nuevo organismo público dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, encargado de la conservación de la biodiversidad y la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, tanto públicas como privadas, terrestres y acuáticas. Su creación responde a la necesidad de contar con una institucionalidad especializada y unificada en materia de biodiversidad, integrando funciones que anteriormente se encontraban dispersas entre distintos servicios públicos, entre ellos CONAF y el SAG. Entre sus atribuciones se incluyen la fiscalización, la gestión y planificación de áreas protegidas, y el desarrollo de instrumentos técnicos orientados a la conservación y restauración de ecosistemas. Esta ley constituye un pilar habilitante para la implementación del Plan Nacional de Restauración de Paisajes (PNRP), al fortalecer la institucionalidad ambiental del país y proveer un marco de gobernanza más robusto para la coordinación de acciones de conservación y restauración a nivel nacional, regional y local.

Ley N° 18.378 — Distritos de Conservación de Suelos, Bosques y Agua

Vigente desde hace más de 50 años, faculta al Ministerio de Agricultura, mediante los artículos 3 y 5, para crear por decreto distritos de conservación de suelos, bosques y aguas en zonas con predios de aptitud agrícola, forestal o ganadera que presenten suelos erosionados o en riesgo inminente de erosión. Constituye un instrumento con potencial para cumplir un rol territorial de segundo piso, aunque su aplicación plena ha sido un desafío histórico. Por tratarse de una normativa antigua, contempla disposiciones actualmente en desuso, cuya modificación está contemplada en el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en discusión en el Congreso Nacional.

Ley N° 20.930 — Derecho Real de Conservación (DRC)

Promueve la participación del sector privado en la conservación del patrimonio ambiental de Chile. Consiste en un acuerdo vinculante entre el propietario de un inmueble y un tercero —una universidad, un centro de investigación, una ONG o un particular— mediante el cual el propietario restringe permanentemente el uso futuro de su predio para garantizar su protección, mientras el tercero se compromete a proteger y conservar sus recursos naturales. El acuerdo debe comprometer al menos una de las siguientes restricciones: prohibición de destinar el predio a fines comerciales o industriales; obligación de mantener y administrar la propiedad; o implementación de un plan de manejo ambiental orientado al uso racional y sostenible de sus recursos naturales.